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La muerte miserable

El siguiente caso es real, y sólo algunos datos se han censurado para preservar la intimidad, aunque no proceda, dado que la persona en cuestión falleció el pasado día 29 de junio de 2020.

María Ángeles J. B. era una persona soltera de 75 años que vivía en una pequeña ciudad en la que todos se conocían. Vivía sola en un piso céntrico de su propiedad de buen nivel pues afortunadamente no tenía problemas económicos. Sin embargo, debido a su edad sufría cierto trastorno mental que se fue agravando: no se cambiaba de ropa, no bajaba la basura, se fue cerrando en sí misma y cada vez salía menos a la calle; no abría la puerta cuando sus familiares llamaban al timbre, y su aspecto y salud se iban deteriorando, al no acudir al médico ni guardar la mínima higiene.

Sus familiares no muy resueltos, en vista de la circunstancia pusieron los hechos en conocimiento de la Justicia. Entró en juego nuestra vetusta Justicia promoviendo su internamiento no voluntario en un establecimiento de salud mental, expediente breve y de fácil resolución que únicamente tiene dos trámites: oír a la interesada el juez y el dictamen de un facultativo, generalmente el médico forense que para eso está, dado que es una medida cautelar de carácter preferente.

Unos familiares con poca iniciativa, nuestra lenta Justicia, primero la Fiscalía instando el expediente, después un Juzgado de Primera Instancia con una oficina judicial deficiente al que fue turnado el asunto, dio por resultado que el expediente se alargara en el tiempo sin resolver el problema mientras la situación de Mª Ángeles iba empeorando. Tres veces se suspendió la visita a la Clínica Médico Forense, dado que la interesada no obedecía a razones y ni siquiera abría o respondía al timbre de la puerta a pesar de estar en su interior.

En la lógica de estos casos, cuando el presunto incapaz no está en condiciones de comparecer ante la Justicia, debe ser el Juez el que se desplace a examinarlo, acompañado del Médico Forense para aprovechar la ocasión y resolver sobre esa persona de forma ágil. No fue así. La oficina judicial cuyo responsable es el Letrado de la Administración de Justicia (antes llamados Secretarios judiciales) no tuvo la sensibilidad y no dispuso los medios para llevarlo a cabo, prolongándose el expediente durante más de un año.

Aconteció la circunstancia que habiendo pasado largo tiempo sin saber de ella, sus familiares, creyendo lo peor, forzaron la intervención de la Policía Local, quien accedió a la vivienda por la ventana que da al patio desde un segundo piso contiguo teniendo que romper un cristal. La escena superaba todo lo descriptible, dado que Mª Ángeles sufría de alguna variante de síndrome de Diógenes, acumulando gran cantidad de basura en su casa. En  el acto estuvieron presentes además de la policía, el trabajador social y un médico del centro de salud, que determinaron que se ingresara a Mª Ángeles en el hospital más cercano, dado su estado de salud. El psiquiatra jefe de la unidad de salud mental determinó que no debía quedar internada, a pesar de su estado cognitivo, pues se niegan a ingresar a personas si no tienen orden judicial en contra de lo que establece la ley y el código deontológico médico, por lo que en breve volvió a su casa. Quien no estuvo presente y hubiera sido una buena ocasión fue el Juzgado…

Llegó la epidemia y el confinamiento y la parálisis de la Justicia, por si antes no estuviera suficientemente parada. Nuevamente su familia temió por ella y finalmente la encontraron muerta en su casa, falleciendo de desnutrición. Nunca encontró la tutela judicial efectiva.

Siendo un caso triste y dramático, es bastante habitual situaciones como la descrita, y en muchos casos aún más graves por circunstancias económicas desfavorables y familias ausentes o desestructuradas. No sabemos si a esto la progrez lo denomina “muerte digna”. Desde luego es inhumana y atenta contra los más elementales principios. Y es bastante habitual que personas que viven solas, de edad avanzada, fallezcan en sus domicilios sin que nadie haga nada por ellas, con grave repercusión en haciendas municipales (¿quién se hace cargo de los gastos del sepelio?) en una sociedad en la que la muerte es tabú, y que no ha sabido articular respuestas adecuadas a este problema.

Examinemos los elementos implicados: en primer lugar, unos servicios sociales altamente burocratizados y con poca actitud al trabajo a pie de calle, y pésima comunicación con las fiscalías. No son en absoluto eficaces, ni en este ni en otros casos relacionados con incapaces.

Continuamos con unos psiquiatras que reiteradamente dan el alta y mandan para su casa a personas que no se toman la medicación prescrita y observan muy serios problemas de conducta, con gran perjuicio para la sociedad. Tal vez no haya establecimientos adecuados o estos se hallen saturados y reservados para los casos más graves. En un episodio anterior de otro vecino con otro trastorno, agravado por el consumo de estupefacientes conseguidos en parte mediante pensiones públicas obtenidas gracias a los servicios sociales, que no se han molestado en instar previamente una tutela, igualmente el sujeto es dado de alta y mandado a su casa. El motivo de la remisión fue tirar un televisor desde una ventana cayendo sobre un vehículo aparcado, lo que le ocasionó daños y examinándose la cuestión por la vía penal y, para mayor despropósito, el dueño del  vehículo era sordomudo y no entendía el lenguaje por signos, lo que si no fuera dramático sería hasta cómico en una Justicia propia de una película de Berlanga.

Pero lo especialmente grave es el tratamiento judicial de las incapacidades y la torpeza en adoptar medidas cautelares respecto a las personas en una Justicia totalmente ineficaz, en parte debido a falta de sensibilidad y solvencia profesional de sus responsables. Pensemos en que esta situación que con el envejecimiento de la población y a la gran cantidad de personas que viven solas, es cada día más frecuente, sobre todo en las grandes ciudades.

En el problema aparecen relacionados diversos bienes jurídicamente protegidos como son las personas y los domicilios, y varias administraciones mal comunicadas entre sí, sin protocolos adecuados. La falta de profesionalidad de unos y otros se deja sentir, y no existe presión social debido a la época de deterioro político y de medios de comunicación; ni siquiera en el Juzgado son conscientes de su grave negligencia en su proceder. Unos y otros se limitan a hacer su trabajo no yendo más allá con las consecuencias que podemos observar; siempre habrá la excusa de la falta de medios, de la escasez de presupuestos ante una población cada vez más envejecida y una juventud con más taras debido en parte al abuso de la droga. Pero más que un problema de presupuesto o de reformas legislativas, argumento que suelen recurrir unos y otros, es un problema de actitud, de voluntad política y de gestión ante unos responsables cada vez más ineptos. Hay que reaccionar.

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