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II ¿Cómo abordar el problema de Cataluña?

Si en la anterior entrega quedó clara la situación terminal de Cataluña y lo inevitable de su intervención exterior, en ésta corresponde fijar el alcance de la intervención y la forma de llevarla a cabo, recordando que independientemente de las medidas de carácter excepcional que se adoptaran con carácter temporal, el objeto no es sólo apartar de la vida pública a unos políticos impresentables, sino remover todo el sistema clientelar feudal y alcanzar la normalidad democrática.

            Es necesario acometer la política sin complejos ni más limitaciones que los que impone la Constitución. Nada está descartado, ni siquiera enviar a los ejércitos empleándose sin miramientos, que para eso están. En mente una futura reforma constitucional que ponga orden en la organización territorial impidiendo estas disfunciones. El principal aliado, la Unión Europea, que no puede consentir en su seno episodios mafiosos contrarios a la democracia.

            Cuando el gobierno de Rajoy adoptó de mala gana el mecanismo del artículo 155 de la Constitución, simplemente apartó a un gobierno de delincuentes sustituyéndolo por otros delincuentes, por lo que fue totalmente ineficaz. Hay que reconocer que ni el PSOE ni Ciudadanos estuvieron por la labor en aquel episodio, limitando seriamente el alcance de la intervención.

Dado que la Comunidad autónoma no cumple con los requerimientos del Gobierno de la nación, procede la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha de ser prolongado en el tiempo hasta alcanzar la normalidad institucional, no lo más breve posible, pues la suspensión no afecta a Derechos Fundamentales; por el contrario, estos se han visto afectados y violados por la no aplicación de la intervención. Lo antidemocrático no es la suspensión de la autonomía, sino la violación de Derechos Fundamentales.

            Pero este mecanismo no es suficientemente ágil ni eficaz si no se aplicara al tiempo el estado de alarma e, incluso, el de excepción, no necesariamente en todo el territorio catalán, sino limitado geográficamente a algunos lugares, y con la ventaja del control parlamentario que no existe en el de alarma. El Gobierno central tiene que estar presente, lo cual es difícil debido al desmantelamiento de sus estructuras.

            Dado que la administración en España está diseñada de forma descentralizada, hay que adoptar las siguientes decisiones:

            1.- El Ejército de tierra tiene que suplir la administración central allí donde no exista o no alcance dimensión suficiente. Pensemos que en muchos pueblos pequeños la única institución del gobierno central es el cuartel de la Guardia Civil, y en Cataluña, ni eso, porque no existen.

            2.- La administración que depende de la Comunidad debe ser gestionada por el Gobierno central, pero no desde Madrid, sino localmente a través del ejército. De esa forma se debe evitar que una administración contaminada y corrompida sea un foco de resistencia que se dedique a sabotear las medidas que se adopten. No se puede gestionar a distancia.

            3.- Los ayuntamientos igualmente han de ser intervenidos, pues no se puede permitir que desde ellos se articule resistencia o se practique la subversión, como se ha tenido ocasión de observar a través de banderas y simbología diversa. Pensemos que el articulo 155 no afecta a los ayuntamientos y estos también gozan de autonomía. De ahí la necesidad de aplicación del estado de Alarma. Cabe disolver corporaciones municipales como en su día se hiciera con el ayuntamiento de Marbella. En la intervención de Rajoy no se tuvo en cuenta a los ayuntamientos.

            4.- Es preciso intervenir los partidos políticos procediendo a su ilegalización. De nada sirve quitar a unos delincuentes si le suceden otros. Ciertamente se precisa una nueva ley de partidos políticos que impida que partidos políticos antisistema puedan acceder a las instituciones. La ilegalización ha de ser en sede judicial con la ley que se haya vigente. También se puede intervenir a los partidos políticos económicamente a través de sus cuentas, procediendo a congelar a aquellas en las que se haya cometido vulneración de las reglas del juego.

            5.- El sistema judicial ha de ser reforzado. Muchas cuestiones se verían dirigidas hacia una Justicia que no tiene capacidad de respuesta, como se ha puesto de manifiesto con ocasión de la epidemia y su nefasta gestión. Obviamente, no proceden los tribunales de excepción por ser contrarios a los principios del Derecho, ni se pueden derivar las causas a una muy cuestionable jurisdicción militar. Sin embargo, el Ejército puede actuar como coadyuvante y reforzar todo el aparato administrativo.

            6.- La televisión y sus distintos canales, así como los de la radio, han de ser cerradas y desmanteladas. Lo debe ser de forma inmediata, desde el minuto uno. Igualmente con sus oficinas llamadas “embajadas” y toda la administración paralela que recibe subvenciones, procediendo a la confiscación de inmuebles y su precinto para posterior venta en subasta siempre que se garantice que no volverá a ser usado el bien subastado para el mismo fin.

            7.- Se tiene que renovar y fortalecer todo el aparato administrativo para esta nueva etapa, y para ello se debe proceder a una limpieza en la administración del siguiente modo:

  1. Forzar jubilaciones anticipadas, despidos en los casos que procedan (por ejemplo, en la televisión pública que se rige por el Estatuto de los Trabajadores y no son funcionarios), destinos forzosos, etc. Todos los cargos de libre designación, a saber, de confianza, deben ser cesados.
  2. Obligar a los funcionarios a jurar la Constitución. Cuando aconteció la Transición, a los funcionarios se les obligó a jurarla. El Ejército tiene experiencia en las Juras de Bandera, que podría formar parte del acto; todo aquel funcionario que no lo hiciera, renunciaría al cargo sin derecho a excedencia o rehabilitación.
  3. Eximir de la obligación del catalán como requisito obligatorio, abriendo Cataluña al resto de España para favorecer que los nuevos funcionarios no eviten a Cataluña por este motivo. Política de incentivos económicos y sociales (alquiler de pisos), para que los funcionarios del resto de España no les resulte disuasorio pedir destinos de esta Comunidad.
  4. Integración del cuerpo de los Mossos de Escuadra en la Policía Nacional, y disolución del cuerpo. Devolución a la Guardia Civil de las competencias de tráfico y creación de cuarteles de Guardia Civil conforme al modelo nacional. No es de recibo modelos policiales “diferenciales”.
  5. Intervención de la educación mediante la revisión de los libros de texto y creación de un ente receptor de quejas y denuncias de los ciudadanos respecto a los abusos de docentes en el ámbito educativo corrigiendo disciplinariamente toda desviación.
  6. Presencia de los símbolos nacionales en las administraciones correspondientes. Es de destacar que en muchos ayuntamientos, para no exhibir la Bandera Nacional, no ponen ninguna bandera en su fachada. También escasean los cuadros del Rey (Jefe del Estado) en cualquier organismo público incluyendo juzgados.
  7. Política de limpieza: las ciudades no exhibirán más símbolos que los permitidos y se procederá a la retirada de todos los que atenten contra el orden público. Esto también se observará respecto a domicilios privados. Limpieza de paredes, que no deberán exhibir ninguna pintada.
  8. Política de orden público: todos los colectivos de “ocupas”, “top manta”, emigrantes ilegales y esas “o-ene-gés” que les asisten, deben ser desmanteladas. No procede expulsar o trasladar emigrantes a otros lugares. O se legaliza el extranjero, o ha de ser expulsado directamente.

Otras medidas a aplicar a nivel nacional, coadyuvantes e imprescindibles, serían las siguientes:

Se ha de reformar el Código Penal, (delito de traición, de rebelión, ultrajes a España, a la Unión Europea, a la Corona, prevaricación). Es importante inhabilitar a cualquier tramposo para que no encuentre en las urnas ningún mecanismo de legitimación. No debe tener cabida el blanqueo de terroristas y delincuentes; es ofensivo ver a Baltasar Garzón desde telediarios de máxima audiencia dar lecciones.

También la Ley de Partidos Políticos, (además de garantizar democracia interna, deberá conocerse su financiación, y depositar su programa en un registro público con capacidad para instar su ilegalización; los partidos políticos se han de comprometer a respetar la Constitución y las instituciones nacionales y de la Unión Europea).

La Ley General Electoral aumentando el umbral de representación para excluir a los partidos localistas que condicionen la actividad política y reformando las circunscripciones electorales. En la reforma de esta ley se pueden ir introduciendo progresivamente figuras novedosas de gran alcance para la efectividad del modelo político.

Como podemos observar, la intervención de Cataluña es ocasión para poner orden en la política nacional, algo necesario porque igualmente afecta a toda la nación, al tiempo que serviría para corregir algunos abusos periféricos. Cuanto más se demore la intervención, más grave será el daño y más se habrá de prorrogar en el tiempo las medidas extraordinarias que se acuerden. Y si no se acuerdan, no se solucionará el problema y se agravará, como aconteció con el 155 de Rajoy.

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