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I ¿Cómo abordar el problema de Cataluña?

España tiene un problema indisoluble que tiene su origen en el privilegio, la deslealtad y la insurrección de la clase dirigente de determinadas regiones, siendo la principal por dimensión y profundidad, la catalana, y por drama debido a los asesinatos, las provincias vascongadas. El problema es persistente y la falta de voluntad de esa clase dirigente instalada en el parasitismo, en la traición y odio a España, hace inviable cualquier fórmula conciliadora por muy generosa que fuere. No hay más remedio que extirpar el mal de raíz.

Desde una izquierda desnortada se ha llegado a cuestionar la Constitución para buscar un “encaje” imposible, dado que nunca se podrá satisfacer a quienes ningún estatuto es suficiente y nunca estarán satisfechos y siempre pedirán más, pues es el eje de su discurso la confrontación basado en falsas deudas históricas y en el permanente y siempre presente odio a España. Las transferencias de competencias se han agotado, el Estado prácticamente ha desaparecido en esos lugares, y por supuesto, el discurso desestabilizador de confrontación no cesa, habiendo creado una fuerte crisis institucional.

No es democrático un estado donde unos señores feudales llamados popularmente “barones” ignoren la Constitución con sus políticas populistas, localistas, identitarias y clientelares, y en muchas de esas taifas, haciendo política contra el Estado; la oposición se debe ejercer en sede parlamentaria, en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, no desde los territorios, y el Estado no puede ser una liga de taifas indisciplinadas sin un proyecto común.

El tema catalán (y vasco) es ocasión para revisar el modelo territorial constitucional, actualizándolo a esa realidad que es la Unión Europea, en un sistema armónico sin privilegios feudales incompatibles con los tiempos actuales.

Es inevitable la intervención de la Comunidad de Cataluña por múltiples razones; enumerémoslas:

  • Una deuda desbordada cifrada en unos 70.000 millones de euros, cuando California, que tiene un PIB superior a España, se declaró en quiebra con sólo 10.000 millones de dólares de deuda.
  • Un despilfarro permanente de caudales públicos con la única prioridad de su propaganda, sean sus “embajadas”, su televisión pública, sus chiringuitos y demás instrumentos de subversión.
  • Una descomposición política que hace inviable cualquier regeneración desde su propio territorio, con gran fragmentación del abanico político, proliferación de partidos antisistema, y como principales actores, grupos mafiosos de delincuentes de partidos en permanente crisis interna.
  • Ninguna voluntad de integración democrática en desafío permanente a las instituciones, en particular a la Justicia, siendo habitual el delito en la actividad política cotidiana, con multiplicación de actos antisistema: protección a “presos políticos”, “ocupas”, “top manta”, etc. Corrupción política generalizada.
  • Una televisión pública que no es sino un instrumento de propaganda, adoctrinamiento y odio; debe ser cerrada sin más, y no reconvertida.
  • Una educación pervertida basada en el odio a España y al español como lengua, de bajísima calidad y con una proporción de fracaso escolar como no lo hay en ningún otro lugar de Europa, con un profesorado que no le falta sino llevar un brazalete como los nazis. En realidad, tanto el profesorado como los empleados de la televisión pública y cargos públicos exhiben lazos amarillos, que viene a ser similar al fenómeno del brazalete del partido en el nazismo del III Reicht.
  • Una sanidad y una justicia en quiebra técnica, y con purgas ideológicas mediante la imposición del catalán. En definitiva, una administración territorial que no funciona.
  • Una economía depauperada, sea la huída de grandes empresas por “el procés”, sea el turismo, acrecentado por la epidemia, sea la industria, con cierres y desempleo creciente, provocando gran daño social y un deterioro severo de las condiciones de vida.
  • Ausencia de libertad, situaciones fácticas y creciente violencia.
  • Una agresión permanente a España, aún en el exterior, dañando los intereses de España en el mundo participando en todo lo que perjudica, desde derribos de estatuas a apoyo a terroristas.

Si las Comunidades autónomas surgieron para abordar con más eficacia desde el propio territorio ciertas situaciones, está claro que en vez de mejorar, en Cataluña han empeorado, a pesar del trato de favor recibido vía Presupuestos Generales del Estado gracias al chantaje permanente.

Desde Cataluña, en la actual situación y al día de hoy no hay esperanza de acometer políticas que corrijan la desviación, por lo que la solución ha de ser exterior. El mecanismo, sea el artículo 155 de la Constitución, sea el estado de Alarma, el de Excepción, o una combinación de estas disposiciones, debe adoptarse ya y debe haber seguimiento parlamentario y modularse como distintos medicamentos y dosis a un enfermo en el tratamiento de una enfermedad, y según la evolución de ésta. La falta de consenso político y la traición del PSOE han demorado la toma de decisiones, y hecho fracasar la aplicación del 155 por el gobierno de Rajoy.

La intervención de Cataluña ha de servir de modelo para todas las demás taifas y sentar las bases para una futura reforma del Título VIII de la Constitución que, como he indicado mas arriba, ha de contemplar la Unión Europea, en un sistema dotado de coherencia, lo que queda por desarrollar en otra entrega, por extensión y complejidad. No es que se haya que suprimir las administraciones periféricas, sino armonizar y racionalizar, con presencia de las distintas administraciones por su rango y simplificación de niveles administrativos, que son excesivos.

Los mecanismos constitucionales están mal diseñados: sobrecargan al Tribunal Constitucional y a la Justicia en conflictos de competencias y no establecen fórmulas ágiles para la actividad institucional con gran insatisfacción de todos, al entorpecer reformas necesarias. La deslealtad está siempre presente aprovechando esta circunstancia dando por resultado un sistema político ineficaz que no soluciona los problemas con la celeridad necesaria, lo que desacredita la actividad política.

Mientras suframos la lacra del problema catalán, no gozaremos de estabilidad política, ni tendremos prosperidad económica, ni podremos proyectar nuestra atención y energías en Europa, que es donde se juegan los intereses. Condiciona distorsionando y envenenando la vida pública. A decir verdad, la Transición no estará completada hasta el día en el que no haya “nazionalistas” (con zeta) en el poder, o como fuerzas residuales condicionando la oposición, es decir, la actividad parlamentaria.

Llegado a este punto no cabe sino una alianza de fuerzas constitucionalistas propiciada y exigida por la sociedad civil, frente a los que pretenden cargarse nuestra Constitución, nuestra democracia, nuestras libertades, y nuestra España. Ya no es posible seguir haciendo propuestas generosas ni echar salvavidas para que ciertos políticos miserables se salven del naufragio de su actividad. Todas las ciudades de España (excepción de los territorios sin redimir), en las fachadas de las viviendas lucen Banderas Nacionales, en parte por el luto de la epidemia, pero el fenómeno es anterior y tiene el significado del sentimiento de que se nos está robando nuestra patria en manos de políticos traidores. Hay que oír al pueblo, que la paciencia, aunque mucha, empieza a agotarse.

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