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La muerte

Es un tema tabú. Incluso la imprevisión da lugar a cierta disfunción en los municipios al tener que asumir los gastos de personas que mueren solas o sin recursos, lo que supone una carga en sus presupuestos. Pero examinemos lo que envuelve a este hecho inevitable.

En caso de muerte violenta, o desconocida, interviene nuestra obsoleta Justicia. Una cosa es lo que dice la ley (Ley de Enjuiciamiento Criminal) y otra la realidad fáctica. En teoría los jueces de instrucción han de ir al levantamiento del cadáver, pero es una corruptela habitual que no todos los jueces lo hagan y sólo vaya el médico forense. Como se ha de actuar en el seno de un proceso, el forense llamará al juzgado (cuando haya personal en la oficina, y cuando se ponga a redactar su avance de autopsia) pidiendo un número de procedimiento. En teoría, el juez de instrucción ha de verificar todo el procedimiento hasta que lo archive, (él, no que se archive), librando orden para su inscripción en el Registro Civil, y asegurándose dónde queda ubicado el cadáver para posteriores trámites.

La autopsia antaño se hacía en las funerarias, o en el cementerio, a falta de medios; en el año 2003 se crearon los Institutos de Medicina Legal, y en ellos se hace actualmente la autopsia, aunque para acordar la orden de sepultura basta con un avance descartando la comisión de un delito.

Llegamos al Registro Civil, que en España está residenciado en la Justicia, y sus oficinas, en los juzgados. En teoría, y según la ley, no se debe expedir una licencia de sepultura sin hacer la previa inscripción; pero la corruptela está generalizada, y es habitual que las funerarias dispongan de licencias previamente firmadas por los Jueces-Encargados del Registro y, donde no hay tanta confianza, sea otro juez, el de guardia, no el Encargado del Registro, el que firme tales licencias. Lógicamente, las muertes naturales se saltan todo el trámite del juzgado de instrucción y la autopsia.

Pero nos hemos olvidado que cada vez es más frecuente la incineración, sobre todo en grandes ciudades donde los cementerios están congestionados y curiosamente, para la incineración no es preciso licencia de sepultura (ni hay previsión en una ley que data de 1957; la nueva, de 2011, no ha entrado en vigor, y ha sido suspendida su aplicación cinco veces). Sea como fuere, la legislación preveía la catalepsia, por lo que la licencia era para transcurridas 24 horas; para inscribir no hay plazo, pero sí para dar sepultura, lo que tampoco se observa con celo.

A pesar que para el Registro Civil son hábiles todos los días y horas del año, no hay previsión de turnos de guardia, y ni siquiera de vacaciones: cuando, por regla general, el único funcionario que lleva la oficina del Registro, se va de vacaciones, quizás tenga que dejar una nota adhesiva con su nombre de usuario y contraseña para acceder a la aplicación informática, o quizás quede todo sin hacer a la espera que finalice su permiso o vacaciones. Por cierto, la informatización de las oficinas del Registro Civil quedó interrumpida por falta de presupuesto en la anterior crisis y hay oficinas que todavía levantan actas a bolígrafo, y otras con libros sin digitalizar. La inscripción de niños recién nacidos desde los hospitales de forma telemática tampoco es generalizada.

Queda el tema de las funerarias y de los seguros, materia que igualmente no tiene la vigilancia que merece, entre otras cosas, porque es competencia de las taifas y reguladas asimétricamente por éstas; en sus instalaciones se llevan a cabo las incineraciones. Actualmente no hay legislación sobre la materia, y sólo se contempla vía reglamentos, así como el traslado de cadáveres.

Los cementerios, antaño “campo santos”, que eran de la Iglesia, hoy en día son de titularidad municipal, y los ayuntamientos son libres de alquilar y enajenar nichos, lo que tiene lugar en función de las circunstancias y saturación. De un tiempo a esta parte ha habido casos de profanación de sepulturas en actos vandálicos, fenómeno al que las autoridades no le han prestado la atención debida, y que oculta la extensión de sectas satánicas o delitos de odio.

Otro tema tangencial que surge de la muerte son los seguros. Muchos bancos imponen seguros de vida en sus contratos de préstamos, o de tarjeta de débito o crédito de compañías filiales que, llegado el caso, habría que ver la letra pequeña. Nadie sabemos qué o cuántos seguros de vida tenemos, y tal vez, ninguno sería de utilidad llegado el caso.

Para finalizar en esta introducción que tiene por objeto que meditemos sobre el problema, vuelvo a incidir en el punto de partida: las personas que mueren solas en sus domicilios. Con frecuencia aparecen casos en los medios de comunicación. La inviolabilidad del domicilio y la necesidad de autorización judicial nos vuelve a fijar la atención en nuestra obsoleta y lenta Justicia, y en la ineficacia de los servicios sociales respecto a las personas con dependencia.

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