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El día después.

Un día se levantará el estado de emergencia. Ese día se normalizará la situación institucional y social, aunque no se llegará a la normalización plena porque hemos aplazado muchas cosas, desde ir al peluquero, pasar la ITV del vehículo, pagar alguna factura reciente, ir al médico y un sinfín de situaciones particulares de toda naturaleza. Pero ese día llegará.

¿Qué planes hay para el día después? Está claro que en lo acontecido hay responsabilidades, y no se puede pasar hoja sin más. Hay que exigir esas responsabilidades y acometer las reformas necesarias para que ante un evento de esta u otra naturaleza el país no sufra innecesariamente aprendiendo de los errores.

Es opinión compartida unánimemente que al gobierno hay que exigirle en primer lugar responsabilidad política no pudiendo permanecer ni un minuto más. Tiene que haber una moción de censura, y como ésta exige, un candidato a gobierno, que sería de unidad nacional, excluyendo a los que han tenido responsabilidades en esta crisis, porque los que son parte del problema no pueden ser parte de la solución. Además, también hay que exigir responsabilidad penal, que es individual.

Este paso es previo a cualquier otra actuación. Se ha de actuar de forma secuencial. Respecto a la responsabilidad penal por los crímenes cometidos por el gobierno y sus adláteres, es necesario que se exija por el estado, no sólo por particulares.

El siguiente paso sería la configuración de un gobierno de unidad lo más transversal posible como exige la situación. La deslealtad tiene un precio: los desleales quedarían fuera. Y lo primero sería confeccionar los Presupuestos Generales adecuados a la nueva situación: no caben subidas de sueldo a funcionarios, sino bajadas, y recortes en todo lo superfluo e innecesario, y también en lo necesario porque no va a haber dinero suficiente para atender tanto damnificado. Cuestiones que se han venido aplazando y no se han querido abordar por no tener valentía son ineludibles: la estructura de ministerios con nombres rimbombantes para sentar en el consejo de ministros a familias políticas en vez de adecuarse a las necesidades del Estado, la reforma de las pensiones, que supone un porcentaje elevado de los presupuestos, los desequilibrios entre regiones, el cupo vasco y otros deben encontrar un primer reflejo en los presupuestos.

Igualmente se deberá proceder a nivel regional, pues a la vista está que aunque la gestión del estado de alarma por el Ministerio de Sanidad no haya sido eficaz, esas estructuras conocidas por “autonomías” no han estado a la altura de las circunstancias y también han tenido problemas de coordinación. Y especialmente resulta que no se puede mantener por un minuto más a un delincuente como el actual Presidente de la Generalidad de Cataluña, Torra. Con Cataluña no hay más remedio que la intervención, sea vía artículo 155 de la Constitución, o por otra vía cuyo detalle desbordaría y no es objeto del presente artículo. Mención igualmente obligatoria es el cierre de las televisiones de taifa dado el dispendio de dinero público absorbido y la perversión democrática que suponen.

Dentro de los planes de recuperación destacan dos necesidades apremiantes: la económica, mediante el equilibrio entre las cargas impositivas, que necesariamente se han de mantener todo lo alto que se pueda para hacer frente a esta emergencia, y el retorno o apoyo a la economía y a la sociedad, al empleo y a sus sectores más necesitados. Se acabó el chiringuiteo, las o-ene-gés y demás mamandurria, las subvenciones al orgullo gay y demás sumideros de dinero público y reductos de la corrupción de la progrez. No hay dinero suficiente para lo necesario, ¡cómo lo va a haber para esas cosas!

La siguiente necesidad apremiante es una que siempre se olvida: la Justicia. Bien es cierto que mediante legislación adecuada (últimamente se ha legislado muy chapuceramente; cuando las leyes son claras, sobran las interpretaciones) se ha de cerrar el paso a una litigiosidad excesiva o a residenciar en sede judicial cuestiones de orden público. Pero ineludiblemente, la Justicia tendrá que abordar situaciones surgidas de este episodio, de la epidemia y de la gestión de la crisis, y no lo puede hacer con esta estructura obsoleta. Pensemos que en estos momentos se están alzando las suspensiones de las ejecuciones de préstamos, con o sin hipoteca, de la anterior crisis paralizadas por cuestiones prejudiciales, y se espera una segunda avalancha. Todos los órdenes jurisdiccionales tienen lastre, y sin duda hay tres que destacan: la estructura del CGPJ, la de la oficina judicial, y la gestión deficiente con sistemas obsoletos en manos de responsables políticos ineptos.

Reformas constitucionales quedan aparcadas porque en momentos de crisis y de confusión no se pueden abordar con la serenidad necesaria sin verse contaminadas por lo cotidiano y citaciones particulares. No obstante, la organización territorial, a saber, el estado de las taifas, está en vereda y desde ellas mismas han de abordar los pasos previos podando tanta maleza.

Otro tema urgente de abordar es la gestión de la información. España sufre la intoxicación de unos medios en manos oscuras y en régimen de oligopolio que muchas veces no son sino un nido de intereses inconfesables, bastardos, y que pervierte nuestra democracia. Son el puente viciado entre la política y la economía, el paraíso de las puertas giratorias, de las conspiraciones y de la manipulación. Una sociedad manipulada no es una sociedad libre. Una sociedad no informada, está manipulada. Los medios de comunicación, llamados “el cuarto poder” son fundamentales para la formación de la opinión pública y atentan contra el Derecho Fundamental a la información contemplado en el artículo 20 de la Constitución.

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